Nada debe viciar ni impedir que el ciudadano esté bien informado. Su vida se desarrollará mejor porque decidirá de acuerdo a sus apreciaciones. Aunque parezcan utópicos conceptos deberían ser objetivos de quienes manejan la cosa pública.
La transparencia en los actos de gobierno no es sólo apreciar las torpes decisiones cuando afectaron negativamente a los gobernados sino que estos deberían haber conocido de antemano esas tomas de decisiones.
Lo que queda debajo de la alfombra también debe barrerse.
Elizabeth Tuma

La democracia republicana permite la participación de los ciudadanos en la cosa pública, en forma directa o indirecta. Pero para que esa participación sea efectiva es necesario que la información de los actos de gobierno, y sus antecedentes, sean de difusión abierta.
La investigación periodística tiende a descubrir, a través de cualquier cortina de humo, las motivaciones no éticas que se mueven detrás de cada decisión arbitraria. Aquellos funcionarios y partes beneficiadas que se ofenden porque alguien pregunta  están violando la obligación indiscutible de la total transparencia de los actos de disposición, o que generen obligaciones que comprometan a la sociedad.
Pero los gestores que buscan arreglos  a través de las normas y disposiciones legales o contractuales han descubierto, hace tiempo y desde lejos, que deben accionar sobre la opinión públicapara sumar adeptos o vencer resistencias.
El empleo de profesionales de la comunicación por parte de sectores interesados es la forma segura de que el mensaje llegue y sea debidamente interpretado. Publicistas y periodistas son convocados habitualmente, de manera conjunta con psicólogos y sociólogos, para estudiar estrategias destinadas a imponer un producto, en este caso ideas-fuerza que sirvan a ciertos objetivos. Las técnicas de comunicación masiva no son necesariamente malas en sí, lo pueden llegar a ser en cambio las reales y ocultas motivaciones capaces de llevar a la sociedad a situaciones de pérdida o duelo, por valores morales o materiales.
Pero la lucha de intereses controvertidos convoca no sólo a las partes directamente interesadas, sino que apela al aporte de aliados circunstanciales y a mercenarios profesionales. Los recursos que a veces se emplean traicionan el fair play y violan los principios de justicia y derecho, que deben permitir sentirse todos iguales ante la ley en función de una verdad que no debe diferir de la realidad.
Trabajar a la opinión pública para engañarla con falsa información es un atentado a las bases de la República. Pero sería sumamente peligroso que, para evitar el fraude y la denominada por muchos estafa moral, se pretendiera un sistema de censura de prensa, o la creación de colegios de periodistas o de tribunales de ética. Pretender hacer alguna de estas variantes es entreabrir las puertas a poderes no constitucionales, perturbando uno de los principios fundamentales de nuestra Carta Magna, que es el libre y total acceso a la información y a la comunicación de dicha información, sin restricciones normativas, o exclusiones humanas.
La forma más lógica de luchar contra la insidia es la claridad en los dichos y los hechos. Sólo la Justicia puede quitar la libertad de acción a aquellos que condena como delincuentes. No existe ningún otro ente presente o futuro que constitucionalmente pueda arrogarse el derecho de coartarla a un ciudadano. Y el periodista es ante todo un ciudadano. Es el público el único que tiene derecho a desarrollar sus propias atribuciones que son: leer o no leer, escuchar o no escuchar, ver o no ver al periodista mercenario de malas causas.

Carlos Besanson
Publicado en Diario del Viajero nº 261 del 29 de abril de 1992