Un estudioso y analista del desarrollo de la burocracia en el mundo elaboró una serie de conceptos que llevan su nombre, ley de Parkinson, en los cuales menciona como una enfermedad social el crecimiento exponencial de los trámites administrativos innecesarios que justifican falsamente la existencia de funcionarios con su corte de empleados.
Aquellos que en estos lares hemos visto ese crecimiento, pudimos detectar que había una tendencia definida para que cada secretaría de estado, al principio, y cada dirección nacional o general, después, tuviera un territorio propio que administrar, consistente en un edificio aislado de su ministerio original. Fue así que, poco a poco, las ciudades fueron conquistadas palmo a palmo por esas verdaderas fortalezas inmobiliarias en dónde se atrincheraba el burócrata de turno que se instalaba como un virrey en territorio dominado.
Esa independencia física con respecto a los lugares de trabajo, permitió lentamente una mayor liberalidad funcional, que facilitó en todas las épocas la tergiversación operativa de objetivos y fines.
Si los inmuebles-sede se convirtieron en bastiones de la ineficiencia, es imprescindible desactivar los mismos, dándoles un nuevo destino no necesariamente estatal. En un mundo en dónde la informática y el desarrollo de las comunicaciones permite una gran capacidad de acción rápida sin el requerimiento de papeleos inútiles, la concentración en espacios reducidos es una consecuencia de la modernización de oficinas. Un ejemplo de ello es que las empresas privadas, independientemente de la recesión del mercado, ya no emplean la misma cantidad de superficie cubierta para sus necesidades administrativas; todo se ha compactado alrededor de computadoras, fax y modem, que integran la denominada oficina electrónica.
En la lucha contra el reloj que tienen los gobernantes para recuperar los tiempos perdidos, el primer paso es desactivar inmuebles ocupados por la burocracia, antes que discutir tarea por tarea. No renovar las locaciones existentes es el primer peldaño a recorrer. Poner en disponibilidad los edificios públicos dentro de un sistema de permutas entre ministerios y reparticiones, y simultáneamente ofrecer en venta los excedentes, es otro peldaño. Los inmuebles que tiene en posesión el Banco Central como consecuencia de liquidaciones de entidades financieras, y en los casos en que judicialmente aún no se puedan disponer para su venta, podrían ser dados en locación para obtener una renta o ahorro. Las tierras y edificios recibidos por el estado mediante donación o legado con cargo, es decir para un destino determinado, pueden ser empleados en funciones afines a través de una interpretación amplia y actualizada del fin que tuvo el donante cuándo instituyó el cargo; eso liberaría de falsas ocupaciones otras superficies.
Cuando uno observa la cantidad de delegaciones y oficinas públicas que tienen en la ciudad de Buenos Aires, las provincias y distintos municipios del interior del país, se pregunta sobre el costo de inversión y funcionamiento de estas embajadas burocráticas. Ahí también tenemos un ajuste que hacer por parte de los gobiernos provinciales, que dipondrían así de un mejor empleo de sus activos y de sus recursos.
Para quiénes pensamos que éste no es un país subdesarrollado sino subadministrado, el rápido reajuste y desaparición de anacrónicos virreinatos será la prueba irrefutable de un cambio de situación y no un mero discurso cambiante.
Carlos Besanson
Publicado en el Diario del Viajero n° 357, del 2 de marzo de 1994 |
