Algunos funcionarios consideran permitir que las personas detenidas y procesadas judicialmente puedan votar desde la cárcel en las próximas Elecciones. Esto no es prudente ni oportuno y constituye un riesgoso encuadre que nos puede afectar a todos

Si alguien está encarcelado, es el Juez interviniente el que determina el grado de sospecha que hace que la detención se considere una medida precautoria de amparo a la sociedad frente a riesgos de nuevos hechos en el lapso en que se desarrolle el juicio.

En muchos países existen grados de corrupción penitenciaria que hacen que funcionen ciertas maffias organizadas que desde la cárcel puedan manejar nuevos delitos usando telefonía celular para dar información e instrucciones. La droga y la violencia en las cárceles no están debidamente neutralizadas, y a veces el delincuente primario se convierte en consuetudinario a través de esa nefasta escuela de vida.

Por todo esto sorprende a la ciudadanía la habilitación para que varias decenas de miles de detenidos sin condena puedan votar en la prisión a sus representantes en el año 2007. Todo detenido sin condena tiene derecho a pedir que rápidamente se aclare su situación de imputado, pero en tanto un preso judicial no puede elegir a políticos, como si estuvieran en su plenitud, por la sencilla razón que no es un hombre libre como los demás votantes, está preso por resolución de un magistrado por un hecho grave que le es atribuído.

Carlos Besanson

Cuando estudiaba criminología, como parte de mi carrera de abogado, en los análisis psicológicos que se hacen de los autores de hechos delictivos, surgía claramente el desprecio total de éstos hacia sus víctimas. “Para que ése o ésos aprendan la lección”, era a veces la absurda frase que esgrimían los delincuentes para justificar sus actos punibles.

Es así que en forma latente el delincuente pretende convertirse en maestro y pedagogo de la sociedad y de sus componentes a través de la violencia. Más aún en la gran mayoría de los casos el delincuente no conocía previamente a su víctima. Generalmente en las frases entrecortadas en las que el criminal transmite su mensaje de odio está implícito el deseo de que el otro se sienta frustrado en sus derechos más esenciales, para que él se autojustifique en su fracaso. En ese momento él se siente transitoriamente poderoso porque aprovecha el factor sorpresa frente a la confianza o al descuido ajeno.

También estudiábamos que el autor del delito se gratificaba muchísimo cuando veía en los medios de comunicación la descripción con grandes títulos de los hechos y situaciones que había producido. Si los diarios decían audaz asalto o hábil maniobra, o sorprendente evasión, consideraba como una glorificación ese tipo de adjetivación, mejorando en apariencias su curriculum frente a sus posibles compañeros de penitenciaría.

Frente al viejo precepto, por suerte perimido, de que la letra con sangre entra, muchos canallas pretenden enseñarnos por las suyas sus tramposas reglas de juego. Todo acto de injusticia, en principio, violenta el equilibrio humano y social.

Los ejecutores de actos de violencia buscan una notoriedad que no debemos darles. Su heroismo no es tal porque no está fundado en un acto destinado a salvar vidas humanas, sino a mutilarlas. No es el renunciamiento a la existencia para proteger a otras, sino una forma perversa de matar a la propia madre que le dio la vida a través de otras muertes.

La existencia de hombres violentos que actúan lejos del derecho y la justicia, convoca a veces a otros que autotitulándose justicieros se disfrazan de vengadores. Otros son reclutados por una represión no ortodoxa que termina afectando los derechos humanos que originalmente pretendían proteger. Es como si un extremo de violencia buscara falsamente justificarse con la existencia de otro extremo.

Las vivencias habidas confirman que existe una sociedad que desprecia la violencia, y no se suma a la de aquellos que rompen el libre juego de una democracia justa con opciones lícitas para los que conviven en ella

Publicado en el Diario del Viajero n° 256, el 25 de marzo de 1992